Las trabajadoras de la Fundación S-21 han trasladado esta tarde su reivindicación de cumplimiento de su Convenio Colectivo a la sede de El Prat en Comú.

Se recrudece el conflicto de las trabajadoras de atención domiciliaria del Prat quienes tras manifestarse en la Plaza de la Vila durante la celebración del pasado pleno, esta tarde han trasladado su protesta a la Plaza Cataluña, delante de la sede de El Prat en Comú.

El propio Alcalde del Prat, Lluís Mijoler ha salido a atenderlas y a darles explicaciones, generándose un debate entre él y las trabajadoras.

Según denuncian las trabajadoras su salario es precario y la Fundación S-21 se niega a pagarles el incremento salarial del 8 por ciento pactado en convenio y en lugar de ello les incrementan un 2 por ciento. Además aseguran que dado que fue el Ayuntamiento quien adjudicó el contrato a la Fundación S-21 es este quien debe resolver el problema. Además en declaracions a El Prat al Día han calificado la respuesta del alcalde de «ambigua» y le han acusado de «tirar pelotas fuera» al trasladar la responsabilidad a la Generalitat.

Esta fundación depende del «Consorci de Salut i Social de Catalunya» que está formado por más de cien administraciones y empresas públicas, entre ellas el Ayuntamiento del Prat.

La Fundación S-21 alega que no puede aplicar el incremento pactado en convenio pues los presupuestos generales del estado sólo contemplan una subida del 2 por ciento para los trabajadores públicos y por jerarquía normativa los presupuestos generales del estado tienen primacía sobre el convenio de empresa y efectivamente esto es así pues tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han sentenciado en conflictos de otros trabajadores públicos que el aumento que se debe aplicar es el que se fija el gobierno central.

Esta situación genera una clara injusticia para los trabajadores públicos que no son funcionarios pues deben asumir las condiciones laborales negativas de la empresa privada y de la pública, mientras que se les priva de las ventajas de ambas.

Las trabajadoras también protestan por el empeoramiento del servicio, como descontar 10 minutos en la atención a cada usuario o la falta de contratos indefinidos, cosa que el Ayuntamiento desmiente afirmando que estos sí se han ofrecido y que en algunos casos estos han sido rechazados por las propias trabajadoras.

Según informan medios del consistorio, este ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda y el Parlament para tratar de encontrar una solución al problema legal que impide autorizar el incremento pactado en convenio.

Los mismos medios municipales aseguran que desde la Fundación S-21 se está haciendo todo lo posible para encontrar una medida que les permita abonar de forma retroactiva el incremento que reclaman las trabajadoras, pero que dependen de la autorización de la Generalitat para hacerlo.