Resuelto el despropósito que afectaba a familias en situación precaria.

Hoy ha recibido buenas noticias Mayra N. a quien la Agencia Tributaria le reclamaba 7.700 € de la Renta, al haber imputado el ayuntamiento como ingresos las ayudas que le concedió para hospedaje en una habitación de unos 15 m2 en una vivienda ocupada por otras 5 familias y un total de entre 20 y 25 personas, según ella misma nos informa. Aunque el Ayuntamiento asegura que esta cifra no ha llegado nunca a 15.

En una nueva resolución la agencia Tributaria rectifica , reconociendo el error, y fuerza al Ayuntamiento del Prat y a su interventora, que es una funcionaría de carrera del estado y por tanto no sujeta a las órdenes de los responsables políticos municipales , a rectificar la consideración fiscal de estas ayudas para que Mayra no se vea perjudicada.

Crónica de un alojamiento de emergencia.
Mayra estuvo viviendo con sus tres hijos menores, uno de ellos convaleciente de una intervención quirúrgica durante dos años en una pequeña habitación, compartiendo comedor y cocina con las otras 5 familias. El baño lo compartían cada dos familias.

El ayuntamiento del Prat adjudicó en licitación pública a la división de alojamientos de la agencia de viajes (Snow Travel S.A.) para dar alojamiento de emergencia a las personas vulnerables en Hoteles, Hostales o Pensiones.

Según declaraciones de Mayra N . y otras personas que nos han pedido permanecer en el anonimato, la casa donde se hospedaban las 6 familias y más de 20 personas, está situada en el Pasaje de la Cerda, 13 del Prat y es propiedad de un conocido dentista de nuestra población según consta en la nota simple del Registro de la Propiedad.

Según los contratos firmados por el ayuntamiento y Snow Travel S.A. se establece que el alojamiento de las personas vulnerables se efectuaría en un establecimiento hotelero (Hotel, Hostal o Pensión) en base a los siguientes precios: 44 € por persona y día por solo alojamiento y 66 € por persona y día en pensión completa. A estos precios hay sumarle 0,94 €/por persona y día en concepto de lavandería y un descuento de entre el 20% y el 30% por estar alojados en habitación doble, triple.

No obstante, suponemos que por carencia de otro recursos , se les hospeda en esta vivienda que no disponía de licencia de actividades para ejercer como establecimiento hotelero.

La casa tiene 5 habitaciones , 4 de ellas en la primera planta y una buhardilla no habitable, en la que según nos informan los moradores había alojada otra familia. En la planta baja donde está el parking hay una habitación, un aseo y un patio, donde los residentes no pueden acceder porque la usa en exclusiva la familia propietaria como aparcamiento y trastero.
El coste anual de está vivienda, según las declaraciones de los inquilinos y la información extraída de los contratos firmados entre el Ayuntamiento y Snow Través, podría ascender entre 220.000 y 250.000 €/año.

Además según los propios inquilinos , cada familia debía hacer un ingreso a Snow Travel S.A. entre 100 y 300 € mensuales en concepto de copago por el alquiler de la vivienda.

Problemas de convivencia.

Según han manifestado las personas entrevistadas por El Prat al día, la convivencia dentro de la casa resultaba conflictiva, dado el gran número de familias que se alojaban en ella, especialmente durante el periodo de confinamiento por el Covid.

En los contratos firmados por el ayuntamiento y Snow Travel S.A. se recogía un pago de 6,6 € por semana y persona en concepto de lavandería, aunque las personas entrevistadas nos informan que este servicio nunca se llegó a prestar, ya que ellos se auto organizaban para la limpieza de la casa y se lavaban ellos mismos su propia ropa así como la ropa de cama.

Asistentes sociales y educadores , pasaban periódicamente por la vivienda, por lo que sea cual sea el número de personas alojadas en la vivienda, este no era desconocido para la administración municipal.

Otro de los problemas añadidos con los que Mayra se encontró es que le retiraron el Ingreso Mínimo Vital, le embargaron las cuentas bancarias y la dejaron una situación mucho más precaria que antes, aunque esto ya se resolvió.

La postura municipal

Tras intentar contrastar la información con el Ayuntamiento este responde: «En respuesta a vuestra consulta, trasladaros que los precios y tarifas del servicio de alojamiento de urgencia por persona y día se fijan a través de una licitación pública. Las condiciones de esta licitación son públicas y se pueden consultar en línea.
Ante estos casos, desde el Ayuntamiento del Prat estamos impulsando viviendas sociales públicas que permitan que sea el municipio quien preste directamente el servicio de alojamiento de urgencia a las personas que lo necesiten, para no tener que externalizar el servicio. En este sentido, el último pleno municipal aprobó una modificación presupuestaria para adquirir pisos sociales donde alojar familias con dificultades socieconòmicas.

En cuanto a la ciudadana a que hacéis referencia, informaros que el Ayuntamiento, a través de los servicios de Acción Social, lo está acompañando y apoyando.
Ante la situación legal que lo obliga a declarar las ayudas, estamos trabajando con la Diputación de Barcelona.

El Ayuntamiento del Prat forma parte de la prueba piloto de los municipios que buscan un cambio en el modelo de prestación y participó en unas jornadas relacionadas con este tema a finales del pasado mas de mayo, de las cuales encontraréis información

Además, apoyamos a las propuestas de cambio de una legislación que hace que algunas ayudas computen como rentas de trabajo, para poder corregir situaciones injustas como las que afectan esta ciudadana. Estamos haciendo seguimiento de las iniciativas legislativas en marcha en el Congreso con este objetivo.»

Por su parte la familia propietaria de la vivienda se ha negado a hacer declaraciones a El Prat al día.

No tenemos ninguna duda de que la actuación municipal se ha llevado a cabo con respeto a la legalidad vigente y con la voluntad de ayudar a familias en situación precaria, no obstante las declaraciones de los afectados ponen de manifiesto que quizás la empresa adjudicataria no ha cumplido las condiciones de la adjudicación, es por ello y ante las dudas suscitadas que se impone una investigación independiente que establezca y reclame responsabilidades, si las hubiera.

Una buena noticia

La buena noticia es que está resolución podría ayudar a más familias afectadas, que volverían a tener sus cuentas desbloqueadas y no tendrían inconveniente para percibir el ingreso mínimo vital.

Desde El Prat al día, iniciamos la investigación de estos hechos desde que se conocieron y desde entonces hemos realizado un seguimiento, no obstante, de acuerdo con las personas afectadas decidimos no publicar esta información hasta que no se resolviese la situación.