OPINIÓN

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En Cataluña, la educación bilingüe no debería ser un motivo de confrontación, sino una oportunidad para construir una sociedad plural, inclusiva y respetuosa con la diversidad cultural y lingüística. Garantizar el derecho a estudiar tanto en español como en catalán es fundamental para que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades y puedan desarrollar todo su potencial.

El catalán es una lengua propia y un patrimonio cultural esencial para Cataluña, y por eso es necesario fomentarla y protegerla. Sin embargo, el español es también lengua oficial y común en todo el territorio español. Negar el derecho a estudiar en español supone cerrar una puerta a una parte importante de la población, que también merece ser respetada.

Lo que resulta especialmente preocupante es la postura de partidos como el PSC, los Comunes y los independentistas, que parecen decididos a eliminar por completo la posibilidad de estudiar en español en los colegios catalanes. Esta posición no solo ignora el marco legal vigente —que garantiza la coexistencia y el respeto a ambas lenguas—, sino que también margina a miles de familias que quieren que sus hijos aprendan en su lengua materna.

Esta cuestión es aún más crítica para los niños con necesidades educativas especiales. Para estos alumnos, estudiar en su lengua materna no es solo una cuestión de comodidad, sino una necesidad fundamental para su comprensión, su desarrollo cognitivo y emocional, y su integración escolar. Obligarles a recibir educación exclusivamente en una lengua que no dominan puede dificultar su aprendizaje y afectar negativamente su bienestar.

La imposición lingüística no es el camino para fortalecer la cohesión social ni para garantizar una educación de calidad. Al contrario, genera división y dificulta la integración de muchos alumnos, especialmente aquellos que más apoyo requieren.

Defender la enseñanza en español y catalán no es un ataque a ninguna lengua ni cultura, sino la defensa de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es también un compromiso con una educación inclusiva, plural y que prepara a los niños para un futuro en el que la diversidad sea un valor, no un problema.

Es hora de que los partidos políticos actúen con responsabilidad y respeten el derecho de las familias a elegir la lengua en la que sus hijos reciben educación. Solo así se podrá garantizar una convivencia real y una sociedad más justa y cohesionada. (Jordi López es Vicepresidente de la AEB)