Opinión. Por Jordi López Gil. El Prat al Día publica íntegramente los artículos de opinión, que pertenecen en exclusiva a sus autores, sin que represente nuestra línea editorial ni opinión, si no exclusivamente la de su autor.

La realidad que vivimos en El Prat de Llobregat dista mucho del relato que intenta sostener el equipo de gobierno municipal. Los datos publicados por el Síndic de Greuges en 2024 son demoledores y no dejan lugar a interpretaciones amables: la ciudadanía reclama más transparencia, más seguridad, y menos improvisación. Pero, ¿cómo ha respondido nuestro consistorio? Con inacción, opacidad y, en algunos casos, decisiones que rayan en la ilegalidad.
El aumento de la delincuencia es un hecho constatado. Los vecinos lo perciben, lo sufren, y los datos lo confirman. Mientras tanto, el gobierno municipal permanece ajeno, enfrascado en maniobras burocráticas que poco tienen que ver con la mejora del bienestar vecinal. Un ejemplo flagrante es la polémica creación de una segunda plaza de intendente en la policía local, una decisión bajo la lupa de la Oficina Antifraude. Todo apunta a que esta plaza ha sido diseñada a medida para que sea ocupada por el actual jefe de la policía, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética del procedimiento. ¿Dónde queda la igualdad de oportunidades y la meritocracia en el acceso a cargos públicos?
A esta deriva institucional se suma la ya clásica desorganización estival. Otro verano más, acceder y estacionar en la playa se ha convertido en una misión imposible. La absurda decisión de instalar parquímetros en una zona que tradicionalmente era de libre acceso nos ha dejado sin una solución viable a día de hoy. El aparcamiento escasea no solo en la playa, sino en todo el municipio, gracias a una política sistemática de eliminación de plazas de estacionamiento que responde más a una obsesión ideológica que a una planificación racional.
La imposición de la Zona de Bajas Emisiones ha sido otro golpe para los vecinos. Sin haber garantizado alternativas reales de movilidad, se han aplicado restricciones que castigan de forma desproporcionada a las familias trabajadoras, aquellas que no pueden permitirse cambiar de vehículo de un día para otro.
Y como si esto fuera poco, nos imponen un impuesto de basuras presuntamente ilegal, encajado con calzador, injusto por su fórmula y recaudatorio por naturaleza. En lugar de fomentar la sostenibilidad con incentivos y pedagogía, el consistorio ha optado por la vía fácil: meter la mano en el bolsillo del ciudadano.
¿Y cómo se explica tanta desconexión? En parte, puedo entenderlo. Solo hay que echar un vistazo al currículum laboral de la mayoría de los tenientes de alcalde del Ayuntamiento del Prat. Muchos de ellos, como dice el dicho, “sin oficio ni beneficio”. ¿Qué sería de ellos sin este cargo? La política se ha convertido, para algunos, no en una vocación de servicio, sino en un modo de vida al que no pueden renunciar. Y para conservarlo, están dispuestos a hipotecar la calidad de vida de toda una ciudad.
Todo esto es reflejo de un gobierno local agotado, que ha perdido el pulso de la calle, más preocupado por mantener cuotas de poder y blindar cargos que por escuchar y resolver los problemas reales de la ciudadanía. Es hora de levantar la voz, de exigir responsabilidad, transparencia y, sobre todo, un cambio de rumbo. El Prat se merece un gobierno a la altura de su gente.(Jordi López Gil).